Las políticas agrícolas y de agua del gobierno de Claudia Sheinbaum amenazan la producción local, aumentando la dependencia externa y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. La situación del sector agrícola en México ha entrado en una fase de profunda vulnerabilidad, ante recortes presupuestales, reformas regulatorias y falta de apoyos efectivos. A finales de 2024 y con proyecciones para 2025, las inversiones en el campo muestran una reducción significativa, especialmente en programas de tecnificación, seguros y subsidios al diésel agrícola. Solo el 74% del gasto público destinado al sector rural llega efectivamente a los productores, reflejando una política orientada más al asistencialismo que a la inversión en productividad y sostenibilidad. Esta tendencia, sin precedentes en décadas, deja a los agricultores en una situación de precariedad, sin infraestructura adecuada ni acceso a financiamiento, en un contexto donde la banca de desarrollo está prácticamente desmantelada. La situación se agrava con la creciente influencia del crimen organizado, que extorsiona a los productores en regiones clave, aumentando la dependencia y el riesgo de pérdida de recursos. Paralelamente, las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas en diciembre, introducen mecanismos que cambian radicalmente la gestión del recurso hídrico. Bajo la justificación de proteger el derecho humano al agua, estas medidas criminalizan el uso irregular del líquido, colocando a los agricultores en la mira de la ley y dificultando la inversión en sistemas eficientes de riego. Además, prohíben la transmisión voluntaria de excedentes de agua entre particulares, limitando aún más la capacidad de los productores para adaptarse y optimizar sus recursos. Estas políticas contrarrestan la narrativa oficial de lograr la soberanía alimentaria. Mientras las importaciones de granos básicos alcanzan máximos históricos, superando los 40 millones de toneladas, la protección del campo se ve seriamente
Sábado, 9 de mayo de 2026
