El crimen organizado controla sectores productivos, incrementa la inflación y debilita al país, pese a cifras oficiales que muestran aparentes avances en seguridad. La inseguridad en México continúa siendo un grave impedimento para el desarrollo económico y social del país. Históricamente, actores criminales han impuesto su control sobre diversos sectores productivos mediante extorsiones, amenazas y violencia, perjudicando tanto a empresas como a comunidades enteras. En los últimos años, los niveles de victimización por extorsión han aumentado significativamente, con un incremento del 57.6% entre 2018 y 2023, y las cifras recientes indican que en 2025, la tendencia ascendente persiste, alcanzando su nivel más alto registrado. Este fenómeno tiene consecuencias directas en la inflación, ya que las cuotas criminales elevan los costos de producción y distribución. Desde la agricultura hasta el transporte, los precios crecen al pagar por permisos, protección o simplemente para evitar ataques que paralizan la actividad económica. Especialmente en regiones como Michoacán y Veracruz, la violencia contra liderazgos agrarios y del transporte ha derivado en una reducción de producción y en el aumento de los precios de alimentos básicos, generando un impacto macroeconómico que trasciende las cifras oficiales. A pesar de los discursos gubernamentales que resaltan cifras reducidas en ciertos delitos, expertos advierten que la política oficial generalmente oculta la magnitud real del problema. La autoridad ha fracasado en ofrecer protección efectiva a quienes representan los sectores productivos, lo que favorece el crecimiento del control criminal sobre la economía local. La presencia de la violencia continuamente obliga a productores a abandonar sus actividades, dejando que las organizaciones criminales impongan su propio orden económico y social, consolidando el llamado “impuesto del miedo” en múltiples regiones del país. Este escenario demuestra que la inseguridad no solo es un
Miércoles, 13 de mayo de 2026
