La aplicación efectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal y una política integral resultan clave para reducir la sobrepoblación y mejorar condiciones penitenciarias en México. La situación en los penales mexicanos refleja un grave problema de sobrepoblación, violencia y condiciones deficientes que persiste casi una década después de la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016. Aunque la norma establece lineamientos claros para mejorar la gobernabilidad, infraestructura, capacitación y reinserción social, su implementación aún es insuficiente, dejando en riesgo tanto la seguridad interna de los centros como los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Un aspecto crítico en esta problemática es la baja aplicación de los beneficios de preliberación, que podrían aliviar la presión en los centros penitenciarios. La falta de claridad en los requisitos y la inacción de las autoridades contribuyen a que muchos internos permanezcan en prisión sin sentencia o sin acceder a beneficios, lo que agrava el hacinamiento. Las instituciones judiciales y fiscales deben trabajar de manera coordinada para garantizar que los procesos sean ágiles y que los derechos de los reclusos sean respetados, especialmente en casos de prisión preventiva extendida. La crisis exige una política penitenciaria integral que vaya más allá de acciones aisladas. Es fundamental establecer un Plan Nacional de Reinserción Social que unifique criterios en todos los estados y garantice la responsabilidad compartida entre las distintas autoridades. Además, se debe reconsiderar el uso de la prisión para delitos menores y analizar los impactos sociales y familiares que provoca, incluyendo el efecto en los niños y la comunidad. Para resolver esta problemática, también resulta urgente mejorar las condiciones básicas en los centros, como alimentación y acceso a agua potable, especialmente en instalaciones alejadas de las cabeceras municipales. La participación activa de organismos de de
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