La Secretaría de la Defensa Nacional fue condenada por un juez federal a pagar una millonaria indemnización debido a fallas en la acreditación legal de sus representantes en contratos rescindidos entre 2010 y 2012. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enfrentará una multa superior a los 9 mil millones de pesos tras una sentencia judicial que detectó fallas en su proceso legal para responder a una reclamación empresarial. La condena deriva de una serie de irregularidades relacionadas con la falta de acreditación de la personalidad legal de sus representantes durante un conflicto contractual de hace más de una década. La demanda fue presentada en 2023 por la compañía Security Tracking Devices (STD), vinculada al empresario José Susumo Azano, en medio de una disputa que se originó tras la rescisión de contratos efectuados en los años 2010 y 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón. La resolución judicial pune a la dependencia por incumplimientos en el pago de obligaciones relacionadas con estas adjudicaciones, que estuvieron sujetas a investigación por parte de la Procuraduría General de la República en la administración de Enrique Peña Nieto. La falta de documentación legal válida y la presentación extemporánea de recursos de apelación por parte de la Sedena agravaron su situación legal. En marzo de 2024, un tribunal declaró en rebeldía y confesa a la dependencia, después de que sus representantes jurídicos no lograron acreditar su autoridad legal en el proceso. La apelación posterior fue desestimada por un tribunal colegiado en julio del mismo año, confirmando la sentencia firme en agosto. Este fallo adquiere mayor relevancia en un contexto de constante vigilancia sobre las acciones y responsabilidades del sector público en contratos y adquisiciones. La empresa involucrada, STD, también fue vinculada a actividades de espionaje con tecnología de Pegasus, desarrollada por la firma israelí NSO Group, y su dueño ha sido objeto de investigaciones y condenas p
Sábado, 9 de mayo de 2026
