La Profepa interpondrá siete denuncias penales por cambios ilegales de uso de suelo en tres estados, tras afectar más de 2,600 hectáreas de selva. El daño ambiental en la península de Yucatán, causado por la devastación de más de 2,600 hectáreas de selva, ha provocado procesos legales y posibles desalojos contra comunidades menonitas en la región. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que presentará siete denuncias penales por cambios de uso de suelo sin autorización en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que su administración trabaja en coordinación con Profepa y autoridades federales para atender el impacto ambiental, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible y proteger el entorno natural de la región. En los últimos operativos, realizados en seis ocasiones en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se clausuraron siete predios afectados, sumando una afectación de 2,608 hectáreas. Los operativos se llevaron a cabo en Calakmul y Hopelchén, Campeche; Tekax, Yucatán; y José María Morelos y Othón P. Blanco, Quintana Roo. Como resultado, se clausuraron dos predios en Campeche con 702 hectáreas, dos en Yucatán con 606 hectáreas y tres en Quintana Roo con 1,300 hectáreas. Además, el secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, informó que se preparan más denuncias y desalojos en Bacalar, respaldados por sustento jurídico. Se trabaja en una estrategia para restaurar los predios dañados, aunque advirtió que el uso de pesticidas altamente agresivos por parte de las comunidades complicará la recuperación del suelo. Desde la pasada administración federal, se mantiene una mesa de atención con los tres niveles de gobierno, con la primera acción de asegurar un predio afectado mediante clausura oficial, en una reunión más reciente realizada el 8 de agosto. En Quintana Roo, los desmontes ilegales se concentran en José María Morelos, Othón P. Blanco
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