La reducción de recursos y capacidades en áreas clave del sector público amenaza la protección y el bienestar ciudadano. La disminución progresiva en el apoyo y la inversión en varias instituciones gubernamentales mexicanas revela un proceso de debilitamiento de funciones estatales fundamentales. Diversas áreas relacionadas con la prevención de desastres, protección civil y servicios básicos han visto recortes significativos en su presupuesto, afectando la eficiencia y la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias. La extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2021, con una reducción drástica de fondos y recursos anuales, ejemplifica cómo la precarización de estos servicios puede poner en riesgo la seguridad de la población. Además, recortes en proyectos de infraestructura, campañas de vacunación y control de incendios forestales reflejan una tendencia que, si continúa, podría comprometer la estabilidad y protección de comunidades vulnerables. La experiencia internacional indica que la desprofesionalización y el subfinanciamiento de las tareas del Estado generan efectos adversos duraderos, que pueden traducirse en crisis mayores y mayores costos sociales. La consolidación de la capacidad gubernamental en pequeñas tareas cotidianas resulta ser esencial para garantizar un desarrollo sostenible y resiliente en el país.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
