Nuevos jueces y magistrados, electos por voto popular, están presionando para forzar renuncias y reemplazar personal de carrera, generando inseguridad laboral y pérdida de derechos adquiridos. La reciente reforma en el Poder Judicial de la Federación ha provocado una ola de renuncias forzadas y casos de maltrato laboral en tribunales y juzgados, afectando a cientos de empleados con años de trayectoria. La llegada de nuevos jueces y magistrados, elegidos mediante voto popular, ha marcado un cambio en la estructura interna, priorizando equipos afines y reduciendo el personal de carrera mediante presiones y amenazas. Uno de los casos más representativos es el de Laura Angélica Jiménez Ortiz, quien fue obligada a renunciar a su cargo en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tras un mandato directo y coercitivo de una magistrada. La funcionaria denunció que fue víctima de abuso de autoridad y amenazas tras negarse a renunciar a un trámite legalmente válido y reconocible. En su comunicación, Jiménez detalló cómo se le acusó de haber perdido confianza y se le impusieron cuotas de trabajo que contravienen la ley, en un ambiente de coacción y hostigamiento. Este patrón no es aislado. Diversos testimonios revelan que buena parte del personal ha sido presionado para abandonar sus puestos bajo argumentos de reestructuración, pérdida de confianza o incompatibilidad con las nuevas directrices. Lo que en realidad ocurre es una sustitución de empleados de carrera por perfiles afines a los nuevos integrantes, lo que supone un debilitamiento de los derechos laborales y una pérdida de experiencia acumulada en el sistema judicial. La liquidación de estos antiguos colaboradores, sin reconocer años de servicio, agrava aún más la incertidumbre y el descontento en el sector. Expertos advierten que esta transformación debe equilibrar la modernización del sistema con el respeto a los derechos laborales, para evitar que la pretendida “reforma de justic
Sábado, 9 de mayo de 2026
