La reducción en mantenimiento y inversión ha llevado a un peor estado de servicios y control del Estado, afectando la economía y la seguridad del país. Desde el inicio del siglo XXI, México ha enfrentado una serie de decisiones que han tenido un impacto profundo en la salud de sus instituciones públicas y en la economía nacional. En el año 2000, la transición política que marcó el fin de más de siete décadas de predominancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a un cambio significativo en la gestión del poder. La llegada de Vicente Fox representó un acto de alternancia pacífica, sin embargo, en paralelo, emergió una postura populista que favoreció la entrega directa de recursos sin exigir controles ni avances en transparencia. Este enfoque, repetido en diferentes niveles de gobierno, facilitó campañas basadas en promesas fáciles y retórica, pero con costos sustanciales en la estructura y funcionamiento del Estado. Una de las principales consecuencias de estas políticas ha sido la deterioración del mantenimiento de infraestructura y la contracción de recursos en programas esenciales. La inversión en la conservación de vehículos, instalaciones y equipos públicos se redujo drásticamente, provocando un desgaste progresivo en servicios básicos como transporte, salud y seguridad. La comparación con un automóvil sin mantenimiento revela que, aunque la máquina siga funcionando inicialmente, la falta de cuidado conlleva fallas mayores y costos mucho más elevados en la reparación final. La precarización de las capacidades de gestión, sumada a decisiones que han debilitado al poder judicial, pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos, ha profundizado la crisis. El impacto no solo se refleja en infraestructura y servicios, sino también en la pérdida de capacidad estatal para regular y administrar eficazmente. La destrucción de propuestas estratégicas como proyectos de infraestructura, obras públicas y reformas básicas ha contribuido a que Méx
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