La Fiscalía impulsa una serie de órdenes de captura para frenar el contrabando de combustible ilegal en todo el país, en medio de un fuerte enfrentamiento al delito organizado. En una campaña coordinada para desmantelar redes de contrabando de combustible, las autoridades mexicanas comenzaron a solicitar más de 200 órdenes de captura a principios de agosto de 2025. Las ordenes han sido emitidas por la Fiscalía General de la República y diversas fiscalías locales, y varias ya han sido ejecutadas, mientras otras están en proceso o en espera de resolución judicial. Esta serie de acciones formales forma parte de un operativo integral para combatir el huachicol fiscal, un delito que implica la importación ilegal y evasión de impuestos sobre el combustible en México. La estrategia se enmarca en un esfuerzo sostenido por eliminar este ilícito que genera pérdidas millonarias y alimenta la delincuencia organizada. Hace unas semanas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 presuntos responsables, después de un importante decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas. Entre las figuras buscadas se encuentra un exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, evidenciando la amplitud del problema y la implicación de diferentes niveles de poder en el control del mercado ilegal de combustibles. La lucha contra el huachicol fiscal no solo busca frenar el ilícito, sino también fortalecer la seguridad y la economía del país, mediante la desarticulación de redes que operan en varias regiones. Este operativo refleja una política firme para enfrentar el contrabando y proteger los recursos nacionales.
