La distribución de recursos al Poder Judicial fue modificada sin autorización legislativa, generando posibles impugnaciones jurídicas y debates en el Congreso. El proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos para 2026 presentó graves irregularidades que afectan la legalidad y transparencia en la asignación de recursos al Poder Judicial. Inicialmente, el Sistema de Justicia solicitó un presupuesto total de aproximadamente 86 mil millones de pesos, distribuidos entre sus diferentes órganos, incluyendo la Suprema Corte y tribunales federales. Sin embargo, durante el debate en la Cámara de Diputados, se aplicaron recortes que, en su mayoría, fueron gestionados de manera general, sin especificar cómo se redistribuirían los fondos a cada institución judicial. Luego de la aprobación y publicación en el Diario Oficial, se detectó que las asignaciones finales para las diferentes dependencias judiciales diferían notablemente de las discutidas en legislatura. La Suprema Corte, por ejemplo, recibió un monto menor al aprobado inicialmente, mientras que otras instancias, como la estructura del Poder Judicial, obtuvieron cantidades superiores, sin que existiera un proceso formal de autorización o votación por parte del Congreso. Esto indica que una redistribución técnica ajena a la autoridad legislativa pudo haber realizado cambios que vulneran el principio constitucional de legalidad presupuestaria. Expertos y legisladores de oposición advierten que, debido a la falta de un acto formal que legitime estas nuevas asignaciones, podrían presentarse recursos jurídicos una vez que el presupuesto sea ejecutado en febrero. La situación evidencia una posible omisión en los procesos presupuestarios y abre un debate sobre la transparencia y legalidad en la asignación de recursos públicos a órganos autónomos. La controversia, además, podría convertirla en uno de los temas políticos más relevantes en los primeros meses del año. El análisis de expertos en derecho presupuestal subraya que c
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