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El Marqués requiere más recursos para ofrecer servicio de agua potable

La propuesta de Ley de Aguas requiere que El Marqués obtenga recursos extras para administrar y mejorar el servicio de agua potable en su territorio.

Por Redacción1 min de lectura
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La implementación de la nueva Ley de Aguas demandará fondos adicionales a El Marqués para garantizar el suministro y mejorar infraestructura. La gestión del agua potable en el municipio de El Marqués enfrentará importantes desafíos en los próximos meses, ya que la posible transferencia de responsabilidad al nivel municipal, según la reciente propuesta de Ley de Aguas, requerirá recursos públicos adicionales. La legislación busca fortalecer el papel de los ayuntamientos en la prestación del servicio, basándose en el artículo 115 constitucional, que atribuye a los municipios la responsabilidad de gestionar el agua a nivel local. Sin embargo, el proceso legislativo aún está en curso y su resultado final determinará los alcances específicos de la transferencia y las obligaciones financieras involucradas. Expertos señalan que, para sostener esta responsabilidad, se necesita una inversión significativa en infraestructura y recursos humanos, que actualmente el municipio no posee en su totalidad. La modernización de las redes y la ampliación del servicio requerirán una planificación cuidadosa y un aumento en el presupuesto destinado a este rubro, para evitar efectos negativos en la calidad y continuidad del suministro. Este ajuste en la administración del agua responde a una tendencia nacional de fortalecer la distribución eficiente del agua en las comunidades, promoviendo una mayor participación urbana en la gestión de recursos esenciales. La provisión de agua potable es un factor clave para el desarrollo económico y social sustentable, especialmente en zonas en crecimiento como El Marqués, que experimenta un aumento poblacional acelerado. Por lo tanto, las autoridades municipales y estatales deben coordinar esfuerzos efectivos y buscar financiamiento adicional para garantizar que la transición legislativa beneficie a toda la población sin afectar la calidad del servicio.

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