El sector privado presiona para reducir el alza del Impuesto Sobre Nómina y evitar impactos negativos en las mipymes y empleo local. La publicación del Presupuesto 2026 en noviembre generó inquietudes en el sector empresarial debido a un incremento no anunciado en el Impuesto Sobre Nómina (ISN), que se propuso en las negociaciones previas. Los empresarios reaccionaron rápidamente al considerar que un aumento del 33% en este impuesto, de 3% a 4%, compromete la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 60% del empleo formal en la región. La intención del sector privado es revertir o reducir esa alza, ya que la situación actual sería insostenible, especialmente para las mipymes que enfrentan cada año desafíos económicos importantes. En diálogo con las autoridades fiscales, las cámaras empresariales lograron limitar el incremento a solo medio punto porcentual, pero esta propuesta aún no satisface sus demandas. Como estrategia, las organizaciones del sector industrial y comercial han llegado a acuerdos con figuras de la oposición para presentar una contrapropuesta legislativa que incluya no solo cambios en el ISN, sino también en las tarifas de licencias de alcoholes y otras obligaciones tributarias. La oposición, por su parte, se prepara para presentar una propuesta que contemple las demandas del sector y que también considere ajustes en los recursos destinados a municipios y organismos autónomos, en un escenario de negociaciones aún en curso. Un factor adicional que influencia estas discusiones es la solicitud del gremio restaurantero y hotelero de eliminar los aumentos en las licencias de alcoholes, argumentando que 210,000 empleos en 20,000 establecimientos estarían en riesgo si estos costos aumentan hasta 240,000 pesos para las cadenas más grandes, en contraste con los 12,000 pesos actuales. Este tema, que sería un ajuste solicitado desde Palacio de Cantera, ha generado tensiones, especialmente porque podría limitar la recaudación mu
