La queja por demoras en devoluciones fiscales evidencia el descontento del sector empresarial frente a la estrategia recaudatoria del gobierno de la 4T y posibles reformas fiscales próximas. En los últimos meses, diversos representantes empresariales han elevado sus reclamaciones ante altos funcionarios del gobierno, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por retrasos en las devoluciones fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas quejas reflejan un malestar profundo con la política recaudatoria implementada bajo la administración actual, que busca fortalecer los ingresos del Estado mediante controles más estrictos. El retraso en las devoluciones de impuestos ha sido interpretado como un signo de la intensificación de la estrategia fiscal diseñada por la administración encabezada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aunque los empresarios están dispuestos a pagar más impuestos en algunos casos, exigen una gestión eficiente que evite dichas demoras y favorezca un clima de mayor confianza tributaria. Este escenario ha llevado a que algunos analistas asocien las quejas empresariales con un posible impulso a reformas fiscales, que permitan modernizar el sistema y reducir obstáculos en la recaudación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que la consolidación fiscal debe avanzar con mayor rapidez, advirtiendo sobre las metas incumplidas y alertando sobre la importancia de fortalecer la credibilidad en las finanzas públicas para mantener la estabilidad económica del país. Dentro del sector, se reconoce que las decisiones relacionadas con el SAT dependen en gran medida del equipo de Antonio Martínez Dagnino, cercano a ciertos directivos, lo cual limita la posibilidad de cambios sustanciales en la estrategia fiscal en el corto plazo. La tensión refleja una necesidad en la economía mexicana de reformar y ajustar el sistema fiscal para facilitar la recuperación y el crecimiento sostenido.
