La Fiscalía General de la República otorgó millones en contratos a firmas relacionadas con actividades ilícitas, evidenciando posibles complicidades en operaciones delictivas. En los últimos años, diversas dependencias del gobierno federal han establecido alianzas con firmas de seguridad privada que están bajo investigación por su presunta participación en redes de tráfico de armas y huachicol. Entre ellas, una compañía llamada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) fue beneficiada con más de 300 millones de pesos en contratos para el resguardo de instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de estar implicada en operaciones ilícitas como la rematriculación y distribución de armas ilegales a grupos criminales. La firma también ha sido contratada por instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y el SAT, apuntando a un patrón de favoritismo en contratos de vigilancia y seguridad. La presencia de estos contratos en varias dependencias genera preocupaciones sobre la posible complicidad de estos servicios con actividades delictivas, además de reflejar cómo empresas vinculadas a la red del dueño del concurso Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, han recibido recursos públicos en un contexto de investigaciones en curso. Expertos señalan que estos vínculos abren la puerta a cuestionamientos sobre la transparencia y la supervisión en la asignación de contratos de seguridad en el país, en un escenario donde la delincuencia organizada sigue teniendo infiltraciones en diversas instituciones. En un contexto más amplio, la correlación entre estos arreglos y las operaciones criminales revela la complejidad de combatir la corrupción en sectores estratégicos del Estado.
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