El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha instruido a fiscales federales para que apliquen leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos presuntamente implicados en el narcotráfico. Esta directiva podría resultar en penas de cadena perpetua, lo que provoca un tenso clima en la relación entre ambos países.
Aakash Singh, procurador general asociado, comunicó esta orden a través de una teleconferencia con fiscales de todo el país. Se busca aumentar el número de acusaciones contra funcionarios que presuntamente protegen a cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, elevando la presión sobre administraciones locales y sus implicaciones jurídicas.
Esta decisión ocurre poco después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a varios exfuncionarios de colaborar con la facción Los Chapitos a cambio de sobornos. Esta acusación marca un hito en la historia política, pues es la primera contra un mandatario estatal mexicano en funciones por narcotráfico.
Además, se han producido detenciones notorias, como la del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. Según informes, él recibió sobornos mensuales por facilitar el funcionamiento de laboratorios de drogas. La situación ha sido calificada como un cambio drástico en la estrategia legal que puede tener implicaciones significativas para la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado enérgicamente esta utilización de leyes antiterrorismo, defendiendo la soberanía de México y resaltando que Estados Unidos ha negado varias solicitudes de extradición por falta de pruebas. Mientras la tensión aumenta, se plantea un futuro incierto para la relación bilateral.
Con información de rotativo.com.mx