La política 2025-2030 busca fortalecer el acceso a servicios financieros, con enfoque en género y grupos vulnerables, para promover desarrollo y justicia social. México ha presentado una nueva política nacional para ampliar el acceso a servicios financieros, con un enfoque que prioriza la igualdad de género y la inclusión de comunidades vulnerables. La Estrategia de Inclusión Financiera 2025-2030 establece metas ambiciosas, como alcanzar que el 83% de la población tenga al menos un producto financiero formal y que la mitad de las empresas accedan al financiamiento en algún momento. La iniciativa, que busca cerrar brechas sociales existentes, incorpora 125 líneas de acción y 26 estrategias específicas para mejorar la inclusión en diversos sectores. El plan surge en un contexto donde, pese a los avances, menos de un tercio de los mexicanos realiza ahorros formales o pagos mediante transferencias electrónicas, evidenciando aún barreras de acceso. Además, se reconoce que la digitalización, aunque esencial para ampliar cobertura, debe complementarse con una atención presencial de calidad, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Entre las prioridades también está el impulso a las pequeñas y medianas empresas, así como a programas para facilitar el financiamiento en vivienda y mejorar el patrimonio familiar. La estrategia enfatiza la importancia de fortalecer la confianza en el sistema financiero a través de medidas que incrementen la transparencia, la seguridad y la protección del usuario. La digitalización y alianzas con empresas tecnológicas son fundamentales para facilitar el acceso, pero sin olvidar la necesidad de mantener un trato digno y sin discriminación. En definitiva, la política busca construir un sistema financiero inclusivo, seguro y eficiente que beneficie a todos los sectores de la población, promoviendo un desarrollo más equitativo y sustentable.
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