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Ex director de aduanas revela soborno de 1.7 millones por huachi-buque

Un ex director de aduanas en Tampico revela un esquema de sobornos de 1.7 millones de pesos por cada buque con combustible ilícito, en un caso de corrupción institucional.

Por Redacción1 min de lectura
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Un testigo protegido detalla cómo se permitieron desembarques ilegales en Tampico y la entrega de sobornos a funcionarios aduaneros para facilitar el tráfico de combustible ilícito. En una investigación que profundiza en la corrupción en las aduanas mexicanas, un ex director de la Aduana de Tampico ha declarado bajo protección judicial sobre un esquema de sobornos relacionados con la entrada ilegal de buques cargados con combustible ilícito. La declaración indica que, entre abril de 2024 y enero de 2025, se permitieron desembarques no autorizados de 14 buques en esa región, mediante pagos que ascendieron a aproximadamente 24 millones de pesos, distribuidos en entregas de 1.75 millones a los encargados del proceso. El testigo, identificado como el capitán Alejandro Torres Joaquín, afirma que recibía un pago de 1.75 millones por cada operación, de los cuales solo entregaba 330 mil a sus subordinados, quedándose con la mayor parte del soborno. Además, señala a Miguel Ángel Solano Ruiz, un capitán de corbeta retirado prófugo, como intermediario en la gestión del dinero, utilizado para corromper a funcionarios aduaneros clave. La comunicación entre ambos se realizó principalmente mediante una aplicación llamada Threema, bajo el alias "NK", sin que ninguno de los involucrados revelara su identidad completa. Estos hechos revelan una red de corrupción que facilita el tráfico de hidrocarburos ilícitos y pone en evidencia las prácticas que afectan la seguridad energética del país. La vigilancia sobre estas operaciones ha incrementado debido a la importancia estratégica del control de combustibles y a la lucha contra el huachicol fiscal, un delito con graves implicaciones económicas y de seguridad nacional. Este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las aduanas y mejorar los procesos de auditoría para evitar la infiltración de organizaciones criminales que operan en complicidad con funcionarios públicos.

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