Profesionales del Poder Judicial exigen recursos para completar sus pensiones y reactivar su vida laboral tras ser cesados por la reforma judicial. Ante la implementación de la reforma judicial promovida en 2024, un grupo de exmagistrados y jueces federalizados ha iniciado una campaña para exigir el pago de indemnizaciones correspondientes a su retiro. La medida, que afecta a cerca de 850 a 900 profesionales, fue establecida en el artículo décimo transitorio del nuevo decreto y busca garantizar una compensación por varios años de servicio. Sin embargo, aún no se materializa la entrega de estos recursos, generando una situación de precariedad económica para quienes dependen de esta prestación para sostener a sus familias y continuar con sus proyectos de vida. El contexto de esta problemática se remonta a los cambios en la estructura del Poder Judicial, que modifican las condiciones laborales y de retiro de los servidores. La reforma, promulgada en septiembre de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende modernizar el sistema judicial pero ha generado incertidumbre entre los profesionales afectados, quienes consideran que se vulneran sus derechos establecidos constitucionalmente. En respuesta, los Magistrados y jueces cesados han acudido a reuniones con las autoridades del Órgano de Administración Judicial para solicitar claridad y agilidad en el proceso de pago, así como una fecha definida para recibir las indemnizaciones. Estas acciones forman parte de un proceso de reivindicación por parte de estos profesionales, quienes buscan que su situación sea atendida antes de cerrar un ciclo laboral que consideraron justo y dedicado. La expectativa se centra en una próxima reunión con las autoridades federales, prevista para noviembre, en la que se espera que los recursos presupuestales sean liberados y las indemnizaciones puedan entregarse. La situación refleja el reto de equilibrar una reforma estructural con el respeto a los derechos adquiridos de los tr
Miércoles, 13 de mayo de 2026
