A pesar de los acuerdos gubernamentales, el problema persiste a nivel nacional, evidenciando limitaciones institucionales y de recursos. El gusano barrenador, causante de importantes daños en la sanidad animal, continúa expandiéndose en México pese a las medidas implementadas por las autoridades. Desde diciembre de 2023, un acuerdo oficial en el Diario Oficial de la Federación estableció acciones para controlar y erradicar la plaga en todo el territorio nacional, sumándose a otros protocolos anteriores en respuesta a la amenaza que representa para la economía agropecuaria. Sin embargo, las acciones hasta ahora resultan insuficientes, enfrentando obstáculos estructurales, como la reducción presupuestal y la débil capacidad institucional. Históricamente, la erradicación del gusano ha sido obstaculizada por decisiones políticas y económicas, como el cierre de instalaciones productoras de moscas útiles para el control y la apertura fronteriza a la entrada de ganado vivo, que han facilitado la reintroducción del insecto. La falta de recursos humanos especializados, así como la carencia de mecanismos efectivos de coordinación con productores y organizaciones ganaderas, hacen que las restricciones sanitarias no puedan ser aplicadas con la urgencia necesaria. El acuerdo vigente obliga a notificar cualquier detección de contagios, implementar controles de movilización y aplicar sacrificios cuando sea preciso. No obstante, la inacción o limitaciones logísticas dificultan la implementación efectiva de estas medidas en las zonas afectadas o vulnerables, incluyendo las regiones del norte del país que enfrentan la prohibición de exportaciones de ganado. La situación revela que, por más normativas que existan, sin un compromiso real en recursos y capacidades humanas, las políticas se quedan en papel. Este problema adquiere mayor relevancia al tratarse de un sector clave para la economía mexicana. La carencia de una estrategia integral y bien financiada, junto con la falta de coord
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