Las cifras oficiales revelan que en 2024 las pérdidas por extorsión superan los 21 mil millones de pesos, impactando la inversión y el crecimiento empresarial en México. La extorsión en México representa una amenaza silenciosa que está socavando la estabilidad económica del país. Datos recientes indican que en 2024 las pérdidas derivadas de este delito superaron los 21 mil millones de pesos, afectando a diversas empresas y comunidades. Se estima que solo una pequeña fracción de los delitos —menos del 4%— se denuncia ante las autoridades, lo que refleja una alta tasa de impunidad que estimula su proliferación. La práctica común de pagos forzados a través de llamadas telefónicas afecta a casi la mitad de las empresas afiliadas a diversas cámaras empresariales, dificultando decisiones de inversión y expansión. El avance legislativo con una nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión es visto como un paso positivo, pero requiere de políticas coordinadas y recursos adecuados para ser efectiva. La reforma aumenta las penas, con sanciones que alcanzan hasta 30 años de prisión en casos graves, y refuerza la responsabilidad de los servidores públicos para combatir el delito. Sin embargo, expertos coinciden en que medidas adicionales deben implementarse para reducir la impunidad y proteger la actividad económica del país. En este contexto, la lucha contra la extorsión es crucial para garantizar un clima de seguridad y promover un crecimiento económico sostenible, especialmente ante un panorama en el que la inseguridad continúa siendo uno de los principales obstáculos para empresas y gobernantes.
