La Junta de Extremadura ha decidido iniciar los trámites legales para impugnar el nuevo Plan Estatal de Vivienda, argumentando que este invade sus competencias y establece condiciones económicas que no son aceptables. Esta decisión fue tomada en una reunión del consejo de gobierno, a pesar de no estar en la agenda oficial.
Datos clave
- Quién: Junta de Extremadura
- Qué: Inicia trámites para impugnar el Plan Estatal de Vivienda
- Cuándo: Martes de la semana actual
- Dónde: Extremadura
- Motivo: Invasión de competencias y condiciones económicas desiguales
La portavoz del Gobierno de Extremadura, Elena Manzano, informó que se presentarán dos requerimientos previos: uno ante el Tribunal Constitucional y otro en la jurisdicción contencioso-administrativa. La Junta sostiene que tiene competencia exclusiva en materia de vivienda y que no aceptará decisiones impuestas desde el gobierno central.
Manzano también criticó el reparto financiero del plan, indicando que es desproporcionado para Extremadura. Según su declaración, el gobierno español aumentará su financiación en 2.9 veces, mientras que Extremadura deberá multiplicar por siete su contribución, lo que considera injusto. En total, de los 210 millones de euros asignados a la comunidad, se espera que esta aporte 84 millones de euros.
¿Por qué impugna Extremadura el Plan Estatal de Vivienda?
La Junta argumenta que el requerimiento de cofinanciar el 40% de cada actuación es una imposición que vulnera sus competencias. Aseguran que esto generará un mayor beneficio para comunidades como Cataluña y el País Vasco en comparación con Extremadura. Además, Manzano manifestó que todas las iniciativas necesitan la autorización del Ministerio para su financiación, lo que limita la autonomía política y financiera de la región.
¿Qué acciones tomará la Junta?
La Junta de Extremadura se compromete a utilizar todos los recursos legales disponibles para defender sus intereses. Manzano enfatizó que esta acción es parte de su deber por lealtad y responsabilidad institucional hacia la comunidad autónoma. Así, esperan continuar defendiendo la independencia en la gestión de vivienda y recursos.
La situación refleja una creciente tensión entre el gobierno central y las comunidades autónomas sobre la gestión de recursos y competencias, destacando la necesidad de un diálogo constructivo para evitar conflictos futuros.
Con información de eldiario.es

