La falta de información oficial y fallas en el diseño constitucional generan retrasos en la integración del nuevo sistema judicial federal. La implementación del nuevo modelo del Poder Judicial Federal enfrenta dificultades operativas debido a la escasez de datos oficiales y a un diseño institucional que, según expertos, no anticipó los problemas que ahora surgen. Tras la instalación del Órgano de Administración Judicial, encargado de la asignación de cargos y personal, diversos informes indican que no se cuenta con la información necesaria para determinar quiénes son los jueces en funciones, sus plazas asignadas o los juzgados vacantes, dificultando la designación efectiva. Estos obstáculos evidencian que la transición, que debía estar preparada antes de la desaparición del Consejo de la Judicatura, se está realizando con retrasos y errores que podrían afectar la operatividad del sistema judicial. La falta de datos precisos impide que los nuevos magistrados y jueces puedan desempeñar sus funciones en los juzgados correspondientes, generando incertidumbre en la carrera judicial y en la seguridad jurídica del país. Este escenario refleja las complejidades que implica una reestructura profunda en las instituciones judiciales, donde la planificación y la coordinación son fundamentales. La situación requiere acciones inmediatas para consolidar una base de datos confiable que permita una adecuada distribución de los cargos judiciales y asegurar la continuidad de la justicia federal.
