A pesar de la declaratoria, las cifras de violencia contra las mujeres en Oaxaca muestran una persistente impunidad y fallas en la intervención institucional. La violencia feminicida en el estado de Oaxaca continúa siendo un grave problema, a pesar de que hace siete años se declaró una Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en 40 municipios. Desde entonces, se han registrado más de 760 casos de mujeres víctimas de homicidio con violencia, revelan investigaciones y monitoreos realizados por organizaciones feministas. La implementación de políticas para prevenir y sancionar estos delitos sigue enfrentando obstáculos, como la clasificación inicial inadecuada de algunos delitos y la persistente impunidad de agresores, quienes en muchos casos mantienen libertad pese a las evidencias. Un ejemplo ilustrativo es el de Daniela, una joven que sobrevivió a un intento de feminicidio en 2019. A pesar de que en su caso se presentaron videos y testimonios que probaban la agresión, las autoridades categorizaron el hecho como violencia familiar y no como tentativa de feminicidio, lo que redujo la gravedad del proceso judicial. Además, el agresor, vinculado a conexiones políticas, permaneció en libertad durante todo el proceso y solo fue sentenciado en marzo de 2025 a cinco años de prisión por violencia familiar, sin estar bajo custodia preventiva. Especialistas resaltan que la falta de perspectiva de género en las investigaciones y la ineficacia de las medidas cautelares incrementan el riesgo para las sobrevivientes. La impunidad patenta en muchos casos hace que los delitos no se sancionen de manera efectiva, manteniendo a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y perpetuando un ciclo de violencia estructural. Aunque las cifras oficiales muestran una disminución en los feminicidios, los datos internos y reportes de organizaciones sociales indican que la realidad es más compleja. La diferencia entre investigaciones abiertas y los casos de feminicidios registrados sugi
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