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La Fiscalía investiga a contralor de la FGR por posible soborno de 6 millones

La Fiscalía investiga al excontralor de la FGR, Arturo Serrano, por presunto soborno de 6 millones y vínculos con narcotráfico, en medio de procesos judiciales en curso.

Por Redacción1 min de lectura
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Arturo Serrano Meneses, excontralor de la FGR, es señalado por presuntamente solicitar un soborno a cambio de influir en un contrato, en medio de investigaciones que también lo vinculan a delitos de narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) avanza en la investigación que involucra a Arturo Serrano Meneses, quien se desempeñó como contralor interno del organismo hasta agosto pasado. Recentemente, se le acusa de haber solicitado un soborno de aproximadamente 6 millones de pesos, con la finalidad de influir en la adjudicación de un contrato de arrendamiento de vehículos para la dependencia. La denuncia indica que Serrano Meneses habría buscado facilitar el proceso a cambio de la gratificación, en un acto que sería constitutivo de cohecho. En audiencias recientes, tanto el excontralor como Carlos Enrique Rascón Yrizar, responsable del área de Responsabilidades en el mismo órgano, comparecieron para afrontar cargos relacionados con estas acusaciones. Sin embargo, la diligencia judicial fue pospuesta para octubre, debido a que los abogados defensores aún no tenían acceso completo a toda la carpeta de investigación. Además, surgieron datos adicionales que vinculan al implicado con la desaparición de 900 kilogramos de cocaína, los cuales estaban bajo custodia oficial y, presuntamente, serían vendidos a un grupo delictivo en un hecho ocurrido en abril pasado. Estas acusaciones colocan en el centro del escándalo la integridad del órgano de control de la dependencia, en un contexto de aumento de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. Este caso revela la interacción de delitos que afectan la credibilidad de instituciones públicas y destaca la necesidad de mecanismos transparentes y efectivos para prevenir y sancionar conductas ilícitas en el sector gubernamental, reforzando la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en las instituciones de justicia y seguridad.

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