Dos décadas de contratos con privados han generado elefantes blancos, altos pagos y corrupción en el sistema hospitalario mexicano. Durante las últimas 20 años, múltiples hospitales construidos y operados bajo un esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) en México han evidenciado fallas significativas en eficiencia, finanzas y transparencia. Estos contratos, que inicialmente se promovieron como una solución para modernizar la infraestructura sanitaria sin comprometer recursos inmediatos del Estado, han derivado en hospitales que funcionan con capacidades por debajo del 50% y en costos mucho mayores a sus valores reales, generando un impacto negativo en las finanzas públicas y en la calidad de atención. Las cifras oficiales indican que nueve hospitales construidos mediante APP tienen una valoración conjunto de aproximadamente 5,2 mil millones de pesos, pero el Estado debe pagar casi 94 mil millones en sus contratos a largo plazo, lo que evidencia un sobreprecio superior al 1,700%. En 2023, los pagos anuales por estos hospitales superaron con creces su costo de construcción, convirtiendo los contratos en una fuente constante de gasto privilegiado para las empresas concesionarias. Casos emblemáticos incluyen el Hospital Regional de Zumpango, que funciona con más del 50% de su capacidad y con una ocupación poco favorable, y otros hospitales en Tapachula, Nayarit, Yucatán y Tamaulipas. Muchas de estas obras fueron adjudicadas a consorcios relacionados con figuras tradicionales del poder político y empresarial, lo que ha levantado sospechas de corrupción y favoritismo. La privatización encubierta del servicio público ha resultado en sobrecostos millonarios, obras inconclusas y recursos desviados que podrían haberse destinado a fortalecer el sistema nacional de salud. Este patrón ha agravado las deficiencias en atención y recursos del sector salud en México, donde la orientación del gasto se ha priorizado en mantener los contratos de renta en lugar de mejorar la infra
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