La ineficiencia de las policías locales revela un sistema frágil y descoordinado que requiere una reforma integral para recuperar la confianza ciudadana. La seguridad pública en México enfrenta un escenario alarmante, especialmente a nivel municipal, donde más del 90 por ciento de los delitos del fuero común se perpetran y denuncian. Sin embargo, menos del 30 por ciento de las corporaciones policiales municipales dispone de las condiciones básicas de profesionalización, evidenciando un debilitamiento estructural que impide una gestión efectiva. La fragmentación institucional, con más de 1,800 cuerpos policiales sin mando operativo certificado, impide la coordinación necesaria para un combate eficaz contra la delincuencia. Además, la falta de recursos y la desaparición en 2021 de fondos especializados han agravado la situación, dejando a muchos municipios sin la capacidad financiera para mantener patrullas, equipamiento y capacitación. La implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica ha sido limitada y en gran medida simbólica, debido a las deficientes condiciones operativas y a la falta de un sistema confiable de evaluación del desempeño policial. Como resultado, la seguridad municipal se ha convertido en un ámbito improvisado, vulnerando la confianza social y fortaleciendo la penetración del crimen organizado en las localidades. Para revertir esta situación, se propone un rediseño de las políticas locales, incluyendo fondos etiquetados, regionalización de servicios, mecanismos de evaluación homogéneos y un fortalecimiento en justicia cívica. Solo con una renovación profunda y coordinada del modelo municipal, México podrá avanzar hacia una seguridad pública más efectiva y cercana a la ciudadanía.
