La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum defiende la legalidad de una filial de Pemex creada para distribuir combustible, mientras persiste la duda sobre sus operaciones y financiamiento. En el contexto de una creciente polémica, la administración de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional afirman que Gasolinas del Bienestar es una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), creada para facilitar la distribución de combustibles en comunidades rurales y apoyar en tareas de ayuda humanitaria a Cuba. A pesar de denuncias que la señalan como una empresa privada con capital de Pemex, las autoridades insisten en que su estructura es plenamente legal y transparente, al formar parte de las filiales y subsidiarias de la paraestatal. Históricamente, Pemex ha operado mediante diversas filiales, algunas de las cuales cumplen funciones específicas de distribución y asistencia social. La creación de Gasolinas del Bienestar forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por fortalecer el acceso a combustibles en regiones marginadas, y en el caso de su implicación en envíos a Cuba, se argumenta que no existe irregularidad alguna, dado que todas las operaciones están sujetas a la Ley de Transparencia vigente. Es importante entender el contexto: en los últimos años, el gobierno ha enfatizado en reducir la participación del sector privado en el manejo de energía para fortalecer a Pemex. Sin embargo, la existencia de filiales y alianzas estratégicas ha generado controversia, especialmente cuando se vinculan actividades internacionales. La decisión de seguir enviando combustible a Cuba responde a una política de apoyo humanitario y cooperación, pero ha abierto debates sobre la opacidad y los mecanismos de control en la gestión de dichas operaciones. Este caso particular resalta la complejidad del monopolio estatal en energía, la importancia de la transparencia en operaciones internacionales y las tensiones entre la regulación legal y las percepciones públicas sobre interés
