La administración actual revela que realiza acciones de vigilancia ilegal en plataformas digitales para desactivar protestas y controlar desacuerdos sociales. En un hecho sin precedentes en la política mexicana, la administración en turno ha admitido de manera oficial que lleva a cabo actividades de espionaje sistemático contra ciudadanos, incluyendo a periodistas, empresarios y activistas críticos. Las acciones, que violan derechos fundamentales, buscan amedrentar y desactivar la disensión social, especialmente en momentos de movilizaciones importantes, como la prevista para el próximo sábado 15 de noviembre. Esta revelación evidencia una tendencia autoritaria que recuerda prácticas de gobiernos autoritarios, donde la vigilancia se convierte en herramienta de represión y control social. La ofensiva del gobierno también incluyó la instrucción de monitorear cuentas en redes sociales relacionadas con grupos considerados "ultraderecha", con el fin de manipular la percepción pública y deslegitimar protestas legítimas. La existencia de estos antecedentes refuerza la necesidad de una vigilancia estricta sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en el país. Históricamente, el espionaje estatal ha sido un método usado por regímenes para mantener el poder, y su uso en la actualidad plantea serias preocupaciones sobre la salud democrática en México.
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