La estrategia del Ejecutivo busca controlar la investigación que ya dejó cerca de cien víctimas fatales, replicando tácticas del pasado que llevaron a condenas. El gobierno nacional intensificó su intervención en la investigación por el brote de fentanilo contaminado que causó casi un centenar de muertes en la región. La maniobra apunta a influir sobre el juez Ernesto Kreplak, encargado del caso, mediante el uso de vínculos con funcionarios del Ministerio de Salud y la provincia de Buenos Aires, en una estrategia que remite a acciones similares realizadas en el pasado. Se ha filtrado la intención de cuestionar la imparcialidad del magistrado por su relación con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en un intento de promover su recusación. Especialistas en la causa advierten que la responsabilidad principal en el control de calidad recae en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dependiente del Ministerio de Salud, que es quien debe garantizar la integridad de los medicamentos. Sin embargo, se ha evidenciado una demora de varios meses en la detección y alerta sobre el problema, pues Rosario identificó las primeras víctimas en febrero y la Anmat no emitió señal de advertencia hasta mayo, lo que genera preocupación ante una posible negligencia institucional. Además, inspecciones realizadas en laboratorios críticos no resultaron en sanciones inmediatas, y la producción contaminada continuó semanas después. Expertos y familiares de las víctimas consideran que la respuesta judicial y sanitaria debe fortalecer la investigación y señalar a todos los responsables, incluyendo funcionarios y laboratorios, en lugar de recurrir a presiones que puedan comprometer la objetividad de la causa. La prioridad en estos momentos es esclarecer claramente las responsabilidades de los organismos reguladores y sancionar las irregularidades en la cadena de producción y control de medicamentos.
Temas: