La reforma busca agilizar la justicia, pero pone en riesgo derechos colectivos y genera inquietud en sectores económicos y políticos. Una nueva iniciativa del gobierno federal busca modificar la Ley de Amparo y leyes secundarias con el objetivo de acelerar la administración de justicia y reducir el uso de recursos por particulares y empresas. La propuesta forma parte de las reformas al Poder Judicial, pero involucrará cambios que afectan a uno de los mecanismos clave para la protección de derechos de ciudadanos y organizaciones. La reforma limitaría la posibilidad de promover amparos colectivos, concentraría mayor poder en las autoridades y reduciría la protección contra actos arbitrarios, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores. Empresarios, en particular, alertan sobre los riesgos a la seguridad jurídica, la inversión y la generación de empleo, enfatizando que la protección del amparo debe mantenerse como un pilar fundamental. Además, el proyecto incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación, otorgando al SAT mayores facultades para ejercer cobros y sanciones, lo que podría afectar la estabilidad operativa de las empresas. Este debate se abrirá en el Congreso, donde se definirá el rumbo de la justicia en México y su impacto en la democracia y economía del país.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
