Autoridades trabajan en la revisión de jubilaciones exaltadas, promoviendo una política de pensiones más justas y transparentes. El gobierno de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum inició una revisión exhaustiva de las pensiones elevadas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), centrándose en reducir aquellas que superan significativamente los montos que perciben las instituciones públicas. La iniciativa responde a la existencia de jubilados que reciben mensualidades superiores a un millón de pesos, cifras consideradas excesivas por las autoridades y que generan polémica en torno a la justicia en el uso de recursos públicos. Desde Palacio Nacional, representantes del Gobierno explicaron que se analizará el marco legal para realizar ajustes en estas jubilaciones, buscando acuerdos voluntarios con los beneficiarios y promoviendo la renuncia a estas pensiones desproporcionadas. La estrategia contempla además auditorías para garantizar la transparencia en los pagos, en especial en contratos relacionados con posibles sobornos a exfuncionarios de Pemex, investigados en Estados Unidos. La revisión de estos contratos busca esclarecer posibles irregularidades y fortalecer la lucha contra la corrupción en el sector energético. Este proceso forma parte de un esfuerzo mayor por renovar la ética y la eficiencia en las instituciones públicas, reduciendo las desigualdades en los beneficios económicos otorgados a ex empleados. La propuesta también considera que un esquema de pensiones más equitativo contribuirá a mejorar la percepción social sobre la gestión pública y la distribución de recursos. La comparación de las jubilaciones en las empresas del Estado revela un patrón de gastos considerablemente por encima de la media nacional, lo que motiva a las autoridades a implementar acciones correctivas. En el contexto actual, la iniciativa gubernamental coincide con investigaciones internacionales en las que se involucra a exfuncionario
