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Gobierno de Tabasco mantiene en reserva declaraciones patrimoniales de exsecretario

La reserva de cinco años de las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez busca proteger la investigación sobre su presunta participación en actividades delictivas en Tabasco.

Por Redacción1 min de lectura
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La decisión se toma por cinco años para proteger investigaciones en curso sobre presuntos vínculos con actividades ilegales. El gobierno de Tabasco ha decidido mantener en secreto las declaraciones patrimoniales del exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, por un periodo de cinco años. La medida responde a una orden del Comité de Transparencia, que argumenta que divulgar la información podría obstaculizar las investigaciones judiciales en marcha relacionadas con su presunta participación en actividades ilícitas. Hasta agosto de 2030, los bienes y antecedentes financieros de Bermúdez permanecerán reservados, en línea con lo establecido en la ley local para proteger a los procesos de investigación penal y garantizar la seguridad del involucrado. Este anuncio se da en un contexto donde Bermúdez enfrenta procesos por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, y actualmente cumple prisión en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. La evidencia recopiltada indica que desde su llegada a la Secretaría de Seguridad en 2019, habría liderado una organización criminal dedicada a actividades como el huachicol, tráfico de drogas y extorsiones, además de contar con nexos políticos a diversos niveles. Es importante destacar que la reserva de información establece un equilibrio entre la transparencia y la necesidad de proteger investigaciones en curso. La medida, además, busca evitar amplificación de datos que puedan poner en riesgo tanto la seguridad pública como la integridad física de Bermúdez, quien ha sido relacionado con estructuras delictivas vinculadas a grupos de alto impacto. Este caso refleja los desafíos que enfrentan las instituciones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la región, además de poner sobre la mesa la importancia de garantizar un marco legal que permita investigar sin interferencias, protegiendo los derechos de los involucrados y la seguridad social.

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