Gobierno y Grupo México destinarán 2 mil 222 MDP para huelga de Cananea y Río Sonora

Ciudad de México, México. – El gobierno de México, Grupo México y el gobierno de Sonora han acordado una inversión conjunta de 2 mil 222.6 millones de pesos para resolver la huelga minera en Cananea, que inició en 2007, y para implementar un plan de justicia social y ambiental destinado a reparar los daños causados por el derrame en el Río Sonora en 2014. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el fondo se conformará con aportaciones del 70% de Grupo México, 22% del gobierno federal y 8% del gobierno estatal. Específicamente, la empresa minera contribuirá con mil 500 millones de pesos, además de 59 millones ya depositados. La Federación aportará 483.6 millones de pesos y el estado de Sonora, 180 millones. Este acuerdo marca el fin de la huelga en Cananea, una de las más extensas en la historia del país. El Plan de Justicia para Cananea, lanzado en julio de 2021, busca abordar una deuda histórica con los mineros y sus familias a través de acciones en materia de trabajo digno, salud, bienestar, mejoramiento urbano, salud ambiental y derecho al agua. Siguiendo instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reactivaron las mesas de diálogo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda para facilitar la resolución del conflicto laboral entre Grupo México y la sección 65 del sindicato minero. Las indemnizaciones a trabajadores, viudas y familiares se han cubierto en los últimos días, reconociendo que el asunto va más allá de lo económico y toca la dignidad de las personas. En cuanto al derrame en el Río Sonora en 2014, se ha iniciado un diagnóstico para fortalecer las acciones de restauración ambiental, saneamiento del agua y mejora de los servicios de salud en las comunidades afectadas. Esto se realiza en coordinación con el gobierno estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el sistema de Bienestar. El plan integral de justicia ambiental