Más de 300 pipas descargaron ilegalmente diésel en altamar, en una red que involucra marinos y funcionarios, con impactos en impuestos y seguridad. En los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas, se detectó una estructura que permitía la entrada clandestina de combustibles mediante barcos cargados con huachicol fiscal, que en realidad contenían diésel. Esta operación, en la que participaban marinos y empleados portuarios, involucraba la descarga de aproximadamente 300 pipas en cada operación, con una frecuencia que alcanzaría millones de litros en un periodo de poco más de un año. La estrategia consistía en cerrar las operaciones portuarias y realizar la descarga de combustible, que era gestionada por empresas en contacto con la red criminal. La investigación revela que la carga, identificada por el aroma típico del diésel, era documentada falsamente como aditivos o aceites en los registros aduaneros. El modus operandi muestra un esquema organizado de tráfico ilícito que el crimen organizado ha perfeccionado para evadir controles fiscales y reducir sus costos, lo que impacta en la recaudación tributaria nacional y fomenta riesgos de seguridad pública, al validar prácticas de corrupción y sabotaje a las instituciones de vigilancia. Un elemento clave en la investigación es un informe confidencial enviado en 2022 por un alto mando naval, que señalaba la presencia de una red dirigida por un vicealmirante en activo. Además, testimonios anónimos y declaraciones corroboran la existencia de sobornos y complicidades dentro del sistema portuario y aduanero, señalando a funcionarios y marinos en diferentes niveles de participación. La captura de varios implicados, incluyendo civiles y militares, ha llevado a una serie de vinculaciones a proceso, fortaleciendo las evidencias de una operación delictiva de gran escala en la región.
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