Washington D.C., EE. UU. - La creación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de la reestructuración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) marcó un cambio radical en las políticas migratorias de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, las deportaciones han alcanzado la cifra de 2,3 millones en la década siguiente, contrastando con los 1,6 millones de la década anterior.
Los ataques expusieron fallos en el sistema de control migratorio. Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), mencionó que los terroristas pudieron ingresar al país sin ser detectados. Tras el 11-S, el INS fue desmantelado y sus responsabilidades se dividieron entre tres agencias, lo que alteró sustancialmente la gestión de los procesos migratorios en el país.
“Actualmente existe mucha menos coordinación y coherencia en las políticas de inmigración”, afirmó Meissner. Esta división generó presupuestos separados que en la administración de Donald Trump llevaron al ICE a un aumento sin precedentes en fondos, dedicados a detenciones y deportaciones.
Gracias a los 170.000 millones de dólares aprobados en 2025 y 70.000 millones adicionales en la Ley de Reconciliación, el ICE ha incrementado su personal y capacidades operativas. “Los legisladores de la era posterior al 11 de septiembre jamás habrían imaginado estos niveles de recursos”, destacó Meissner, quien actualmente dirige un programa de política migratoria.
La inyección de recursos al ICE ha suscitado cuestionamientos sobre la rendición de cuentas de sus operaciones. El DHS ha respaldado las acciones de sus agentes en incidentes polémicos, planteando debates sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Este panorama resalta la transformación del control migratorio en un contexto cada vez más vinculado a la seguridad nacional.
Con información de elpais.com