El gobierno de México, liderado por Morena, enfrenta críticas por su aparente falta de imparcialidad en el uso de la justicia. La administración se ha autodenominado representante del pueblo, pero sus decisiones parecen favorecer intereses particulares en lugar de un manejo equitativo de la ley.
La situación se torna más complicada al observar la aplicación selectiva de la justicia. Por un lado, se busca procesar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntos delitos relacionados con la presencia de agentes de la CIA en un operativo en su entidad. Por otro, el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones en Estados Unidos por lazo con el narcotráfico, pero su caso permanece sin investigar.
Esta discrepancia refleja un patrón de doble moral que ha caracterizado al gobierno de Morena. Mientras se persigue a los opositores con gran rigor, la administración elige proteger a sus aliados, lo que suscita cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza del "gobierno para todos". La grave preocupación radica en que este enfoque podría destruir aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Desde 2018, México ha visto cambios en sus leyes fundamentales, facilitando un estilo de gobernanza que desvincula el poder de procesos democráticos. Esta tendencia no solo vulnera la soberanía, sino que también refiere a una época donde la política se definía en términos de partidismo y sesgo, similar a las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional.
La creciente polarización exige a la sociedad poner atención en el camino que se sigue. Los ciudadanos, al detectar estas desigualdades, deben exigir una rendición de cuentas que garantice una justicia imparcial y una representación auténtica de sus intereses.
Con información de milenio.com