El cambio busca mejorar la coordinación legal en comercio exterior, aunque genera preocupaciones por mayor poder del Ejecutivo y sanciones estrictas. La Cámara de Senadores aprobó que la reforma a la Ley Aduanera se aplique a partir del primero de enero de 2026, alineándose con el calendario financiero de ese año. Este retraso surgió en respuesta a las solicitudes del sector aduanal, que pidió una implementación que garantice la estabilidad operativa y la compatibilidad tecnológica, minimizando así posibles disrupciones en el comercio internacional y en las operaciones de las aduanas del país. La modificación normativa refuerza las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para suspender servicios, revocar autorizaciones y aplicar sanciones económicas, incluyendo multas que pueden ser superiores al 300 por ciento del valor de las mercancías ante incumplimientos administrativos. Esto fue visto con preocupación por los empresarios, quienes temen que errores menores puedan acarrear sanciones severas, afectando a empresas de logística internacional como DHL y FedEx. Además, la creación de un Consejo Aduanero Nacional, con amplios poderes, ha sido motivo de debate respecto al equilibrio de controles en el sector. Este cambio se suma a otras reformas que fortalecen el poder del Ejecutivo, pero también plantean un escenario en el cual la defensa de los derechos de los importadores y exportadores podría verse limitada. La regulación busca reducir prácticas corruptas y mejorar la recaudación, aunque es clave que se garantice un marco legal que asegure la seguridad jurídica para las empresas involucradas en el comercio exterior. El impacto de estas modificaciones evidencia la importancia de contar con un sistema aduanero transparente y eficiente para impulsar la competitividad de México en el contexto global, especialmente en un momento donde los desafíos logísticos y las restricciones regulatorias puede
Sábado, 9 de mayo de 2026
