Desde 2014, el SAT dejó de cobrar un impuesto específico por depósitos en efectivo, aunque mantiene mecanismos de control sobre estos movimientos financieros. Durante el sexenio de Felipe Calderón se instauró la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que establecía un gravamen para circunstancias en las que los depósitos en efectivo superaban los 15,000 pesos mensuales en cuentas bancarias. Este impuesto, conocido como IDE, se aplicaba desde 2008 y afectaba tanto a personas físicas como morales, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad. Sin embargo, en 2014, dicha normativa fue eliminada, y desde entonces, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cobra un impuesto directo por depósitos en efectivo superiores a esa cantidad. Aunque el impuesto en sí dejó de existir, los bancos y otras instituciones financieras continúan reportando los depósitos en efectivo a las autoridades fiscales si estos superan los 15,000 pesos mensuales en total, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto permite a la autoridad fiscal verificar ingresos y oxidar posibles inconsistencias en la declaración de impuestos de los contribuyentes, sin que ello implique una carga adicional en forma de gravamen específico. Es importante aclarar que, en la actualidad, realizar depósitos en efectivo por montos superiores a los 15,000 pesos no genera automáticamente un impuesto, pero sí puede ser objeto de revisión por parte del SAT. La diferencia radica en que, si estos ingresos no se sustentan con documentación o declaración, la autoridad puede solicitar el pago de impuestos derivados de su origen no declarado, en caso de detectar irregularidades. Este mecanismo forma parte de los esfuerzos del fisco para combatir la evasión y promover la transparencia en las operaciones financieras, pero no implica la existencia de un impuesto directo que gravará automáticamente los depósitos en efectivo en 2024.
Temas: