La aplicación de nuevos gravámenes busca reducir el consumo y financiar la salud, pero la inversión pública y la estrategia integral siguen siendo urgentes En México, la creciente prevalencia de obesidad y enfermedades relacionadas mantiene al país en una situación de salud pública preocupante, a pesar de la implementación de impuestos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. La reciente elevación de los gravámenes, que busca desalentar el consumo y generar recursos para la atención médica, representa un avance, pero no aborda de manera efectiva la magnitud del problema. La inversión en infraestructura y programas de prevención sigue muy por debajo de niveles recomendados por organismos internacionales, lo que limita el impacto de estas medidas fiscales. Históricamente, el gasto público en salud en México ha sido uno de los más bajos de América Latina, en medio de una transición epidemiológica que favorece el incremento de patologías crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer. La creciente carga económica de estas enfermedades, que en 2024 totalizó más de 70 mil millones de pesos solo en el IMSS, evidencia que el simple aumento de impuestos no es suficiente sin una inversión sostenida en políticas preventivas y en ampliar los recursos para atención médica. En el contexto actual, siete de cada diez adultos mexicanos enfrentan problemas de peso, indicando una crisis que requiere acciones coordinadas y estratégicas a largo plazo. La estrategia debe incluir metas claras, mayor transparencia en los datos, y el incremento del presupuesto en salud hasta al menos el 6% del Producto Interno Bruto, conforme a recomendaciones internacionales. Solo con medidas conjuntadas, México podrá reducir verdaderamente la carga del sobrepeso y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La evidencia internacional muestra que los impuestos saludables, además de reducir el consumo de productos nocivos, aportan al incremento de los ingresos fiscales necesarios para financiar ca
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