La recaudación por gravámenes a bebidas azucaradas y tabaco podría no dirigirse directamente a programas de prevención, alertan expertos. México enfrenta una creciente problemática de sobrepeso y obesidad que afecta a una parte significativa de su población adulta y infantil. Datos recientes revelan que más del 75 % de los adultos y cerca del 36 % de los niños en edad escolar presentan estas condiciones, las cuales están vinculadas a enfermedades como diabetes, hipertensión y padecimientos cardíacos. Como parte de las medidas para combatir este panorama, el gobierno federal propuso incrementar los impuestos sobre bebidas azucaradas, tabaco y productos con edulcorantes, con la intención de reducir el consumo y financiar acciones en salud pública. Sin embargo, la ausencia de un marco legal claro y fondos destinados específicamente pone en duda que los recursos recaudados se canalicen efectivamente hacia la prevención y atención de estas enfermedades. Especialistas en salud advierten que, sin modificaciones normativas en leyes como la Ley de Coordinación Fiscal o la Ley de Impuestos Especiales, estos ingresos podrían dispersarse en el presupuesto general, limitando su impacto real. La necesidad de establecer mecanismos de transparencia y fondos etiquetados se vuelve prioritaria para garantizar que los impuestos cumpliren con su propósito de mejorar la salud de la población y reducir costos sanitarios a largo plazo.
