CIUDAD DE MÉXICO. – Una iniciativa presentada en el Senado busca otorgar reconocimiento jurídico formal y mayores garantías de seguridad y dignidad a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México, en su mayoría integrados por madres. La propuesta pretende integrar su labor en la legislación para asegurar que su participación no dependa de decisiones discrecionales de las autoridades. La senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), presentó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la legislación relacionada con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El objetivo es asegurar que las condiciones de seguridad y dignidad de quienes participan en estas labores, a menudo en contextos de alto riesgo, estén garantizadas y que su trabajo sea reconocido jurídicamente. “Su labor ha demostrado ser un componente relevante en la construcción de procesos de búsqueda con enfoque humanitario, sensibilidad social y cercanía con las familias”, señaló Bañuelos, destacando la importancia de estos colectivos. La problemática se agudiza en estados como Zacatecas, de donde es originaria la senadora, con más de 3 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas, principalmente en municipios como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez. La iniciativa busca fortalecer la coherencia entre la norma y la acción pública, evitando que la participación de los colectivos esté sujeta a criterios coyunturales. El reconocimiento legal facilitaría la ordenación y sistematización de la interacción entre autoridades y organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda, estableciendo reglas claras de coordinación. Se busca fomentar un diálogo institucional basado en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la autonomía de los colectivos, lo que, se espera, reducirá la incertidumbre y mejorará la eficacia de las acciones conjuntas. La crisis de desaparición en México es una realidad nacional, con más de 133 mil personas desaparecid
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