El Instituto Nacional Electoral (INE) ha expresado su preocupación sobre los desafíos que enfrentará la ciudadanía en las elecciones concurrentes de 2027. Se estima que la participación en ambos procesos, el ordinario y el judicial, podría tomar a los votantes más de 14 minutos, ignorando el tiempo de traslado y la espera en filas.
Para llevar a cabo este ambicioso desafío, el INE deberá movilizar recursos masivos, ya que necesitará contactar a 25 millones de hogares para convencer a al menos 3.1 millones de personas de convertirse en funcionarios de casilla. Esto representa un esfuerzo sin precedentes en términos de recursos humanos y financieros.
Un análisis del INE, que se presentó recientemente a la Cámara de Diputados, detalla que las elecciones de 2027 implicará costos dobles y un riesgo considerable. Se desarrollan en 29 conceptos clave para la correcta organización electoral, los cuales probablemente sobrepasen la capacidad institucional y generen un proceso más complejo y dilatado para los electores.
Una de las principales complicaciones surge al momento de votar. No será posible utilizar una misma casilla para ambos procesos; deberán estar separadas por al menos 10 metros. Esto implicará traslados adicionales para los ciudadanos, complicando aún más su participación. La logística requiere al INE encontrar miles de espacios adecuados para esta separación legal, lo que añade otra capa de dificultad a la planificación.
Para el proceso electoral 2027, el INE avanza con la integración de casillas. Necessitará contratar alrededor de 88 mil capacitadores y 14 mil supervisores, lo que podría resultar en un gasto de más de 14 mil millones de pesos. Según el análisis, si se decidiera posponer la elección judicial, habría un posible ahorro de aproximadamente dos mil millones de pesos, utilizando el mismo material y personal previamente capacitado.
Con información de milenio.com