El Instituto Nacional Electoral ajusta su presupuesto ante reducciones de recursos, mientras sus consejeros alertan sobre vulneraciones a su autonomía constitucional. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado medidas de austeridad y reingeniería para adaptarse a un esquema de presupuesto reducido para 2026, tras recortes que impactaron áreas clave de su operación. Estas medidas incluyeron reducir o eliminar partidas de gasto, incluso en proyectos prioritarios y en la financiación de salarios de personal permanente. Los consejeros del INE, liderados por figuras como Martín Faz Mora y Dania Ravel, han manifestado su preocupación por las implicaciones de estos recortes, señalando que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo han vulnerado la autonomía presupuestal del instituto. En particular, denunciaron que la Secretaría de Hacienda no proporcionó la solicitud de recursos para una consulta popular prevista, limitando la capacidad del INE para cumplir sus funciones constitucionales. Esta situación se presenta en un contexto donde la independencia del organismo electoral es fundamental para garantizar la legitimidad de los procesos democráticos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido previamente que cualquier ajuste presupuestal debe estar plenamente fundamentado, exigencia que, según los consejeros, no se ha cumplido. La preocupación radica en que las restricciones presupuestales recurrentes pueda afectar derechos políticos y el desarrollo de futuras elecciones. Desde 2021, el INE ha enfrentado constantes recortes presupuestales que han obligado a priorizar actividades esenciales, afectando tareas como la organización de procesos electorales y la capacitación. La decisión de reducir recursos en un momento crucial para la democracia mexicana refuerza la necesidad de que las instituciones respeten los límites constitucionales y garanticen financiamiento adecuado para cumplir su misión con independencia. Este conflicto evidencia
Temas: