La alianza desigual entre gobiernos y grupos criminales ha generado desigualdades territoriales y una economía de guerra que socava la estabilidad del país. Desde principios del siglo XXI, la dinámica política y criminal en México ha experimentado una profunda transformación. La apertura democrática y la alternancia han debilitado los controles verticales, lo que ha provocado que distintas administraciones locales y federales establezcan alianzas estratégicas con diferentes grupos del crimen organizado. Este fenómeno ha dado lugar a una distribución desigual del poder: algunas regiones han sido protegidas mediante pactos informales, mientras otras han quedado en el abandono, facilitando la expansión de narcoestado y violencia. La relación de las autoridades con las organizaciones criminales ha sido heterogénea y pragmática. Durante los últimos años del siglo XX, el Estado favoreció a cárteles con estructuras jerárquicas que garantizaban estabilidad y disciplina. Sin embargo, con la llegada del PAN a la Presidencia (2000-2012), la estrategia militarizada y la persecución selectiva modificaron las reglas del juego, en ocasiones tolerando ciertos grupos y persiguiendo otros, generando un escenario de competencia criminal que exacerba la violencia. Este patrón de alianzas y tolerancias ha tenido profundas consecuencias sociales y económicas. Las regiones protegidas por pactos deno- agresión han recibido inversiones y cierto orden, mientras que en zonas abandonadas proliferan desplazamientos, reclutamiento forzado y una economía paralela que afecta a comunidades enteras. La dispersión del poder criminal ha fragmentado el control territorial, creando enclaves donde la violencia y la impunidad parecen normalizadas. La historia revela que esta relación de complicidad no es nueva, sino una continuidad de pactos oscuros que mantienen un statu quo delictivo y político. De mantenerse la tendencia actual, México corre el riesgo de consolidar un modelo híbrido donde las estructur
Sábado, 9 de mayo de 2026
