La administración de Sheinbaum mantiene el liderazgo del Ejército en seguridad, frente a cifras moderadas que ocultan un modelo dependiente de la militarización. Durante su primer año en el cargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado un informe que destaca reducciones en homicidios dolosos y delitos de alto impacto, cifras que presentan un panorama alentador a simple vista. Sin embargo, un análisis profundo revela que dichas mejoras se sustentan en una estrategia que prioritiza el despliegue de las Fuerzas Armadas, evidenciando una continuidad en la dependencia militar que no aborda las raíces del problema de inseguridad en el país. La estructura institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) muestra una fachada de modernización, pero en realidad sigue subordinada al poder militar, con los operativos clave en manos del Ejército y la Marina, evidenciando que las acciones no corresponden a un cambio de modelo sino a una estrategia de imagen. El fracaso del modelo civil no radica en la falta de voluntad, sino en la decisión política de mantener a las fuerzas armadas en el centro de la seguridad pública, mais allá de las promesas de transición hacia un esquema civil. La creación de una Guardia Nacional con pretensiones civiles aún está controlada por mandos militares, lo que perpetúa un sistema híbrido donde policías civiles de papel trabajan en un entorno dominado por militares de facto. Las cifras que el gobierno exhibe, en particular la reducción de delitos, no son sostenibles a largo plazo. La historia evidencia que el uso intensivo de las fuerzas armadas genera resultados temporales, sin consolidar instituciones civiles ni fortalecer la seguridad duradera. La disminución en indicadores como homicidios responde a operativos de impacto, pero al disminuir los despliegues militares, la criminalidad puede volver a crecer, particularmente en delitos como extorsión y feminicidio, que siguen en aumento sin la atención suficiente. El mar
Sábado, 9 de mayo de 2026
