La extinción del Fondo de Desastres Naturales ha dejado a México vulnerable frente a fenómenos, generando incertidumbre en la gestión y ayuda a afectados. El territorio mexicano, caracterizado por su ubicación geográfica, enfrenta una constante exposición a fenómenos naturales como sismos, huracanes y lluvias intensas que ponen en riesgo a la población. La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en años recientes dejó una brecha en la capacidad de respuesta rápida del Estado ante emergencias, ya que esta reserva contribuía a brindar ayuda inmediata en situaciones críticas. Aunque se anunció que existen recursos de aproximadamente 19 mil millones de pesos para atender contingencias, la falta de un esquema claro sobre cómo se asignan y administran estos fondos genera preocupaciones sobre la transparencia y posible desviación de recursos. La eliminación del Fonden no fue acompañada por un plan de sustitución con reglas definidas, lo que deja en incertidumbre a las comunidades afectadas y a las autoridades responsables. La reciente serie de lluvias severas ha provocado inundaciones y deslizamientos en múltiples estados, dejando miles de damnificados y heridos, con cifras preliminares que indican al menos 64 fallecidos y más de 60 desaparecidos. En estos escenarios, contar con un mecanismo efectivo y transparente para la ayuda sería fundamental para garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna. Construir un nuevo instrumento que supere las deficiencias del pasado implica diseñar reglas claras y responsables, alineadas con los principios de transparencia y rendición de cuentas. La gestión pública ante emergencias debe basarse en criterios precisos que aseguren el auxilio efectivo a quienes más lo necesitan, respetando los derechos constitucionales de protección y apoyo social. La obligación del Estado es responder con prontitud y eficiencia, sobre todo en momentos de crisis, para sustentar el compromiso democrático y social que representa velar po
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