Empresarios nacionales alertan sobre el deterioro judicial y fiscal en México, que complica la confianza de inversores extranjeros y afecta la economía. Una preocupante escalada en las problemáticas del sistema judicial y fiscal en México ha generado inquietud entre los principales actores económicos del país. La creciente percepción de arbitrariedad, junto con decisiones judiciales influenciadas por intereses políticos y problemas en la independencia de los jueces, afecta la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión extranjera. Además, las políticas fiscales y regulatorias parecen presentar obstáculos que minan la confianza de los inversionistas internacionales en el marco legal nacional, situación que ha sido reforzada por expresiones de líderes empresariales en Estados Unidos y voces expertas en economía. Es relevante destacar que en un contexto globalizado, la estabilidad jurídica es un factor decisivo para mantener la competitividad de México. La imposibilidad de garantizar tribunales confiables afecta directamente las expectativas de crecimiento económico y genera incertidumbre en diferentes sectores productivos. La reactivación de mecanismos internacionales, como el T-MEC, ha sido solicitada para reforzar los mecanismos de resolución de conflictos, dado que la cooperación bilateral busca salvaguardar los intereses económicos y la protección de inversiones en ambos lados de la frontera. Históricamente, mantener un Estado de Derecho sólido ha sido clave para consolidar el desarrollo económico y social de los países. La situación actual en México requiere acciones concretas para fortalecer la justicia, reducir la politización de las instituciones y ampliar la confianza en el sistema legal, elemento fundamental para asegurar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento sostenible.
