La Auditoría Superior de la Federación encontró montos pendientes de aclaración en contratos de seguridad, mantenimiento y tecnología, principalmente en autoridades estatales y municipales. Una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades que ascienden a más de 272 millones de pesos en la Judicatura, un órgano cuyo propósito es garantizar la legalidad y transparencia en los procesos judiciales del país. La revisión reveló que los fondos pendientes de aclarar corresponden a contratos adjudicados para diversos servicios, entre ellos seguridad privada, mantenimiento, limpieza y soporte tecnológico. El análisis detectó múltiples pagos sin respaldo suficiente, especialmente en servicios relacionados con tecnologías de la información, otorgados a empresas como Microsoft México, IQsec y UNINET, por montos que superan los 200 millones de pesos. En todos los casos, no se presentaron documentos que justifiquen la realización de las actividades o las penalizaciones por retrasos o incumplimientos. Tras el hallazgo, la auditoría emitió 11 recomendaciones destinadas a corregir las irregularidades y promovió acciones para sancionar posibles responsabilidades administrativas. Además, se formuló una figura de ejercicio de facultades de comprobación fiscal para mejorar los controles en la gestión de recursos públicos. Lo relevante es que la mayor parte de los recursos afectados proviene de autoridades a nivel estatal y municipal, lo que subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización en los niveles de gobierno involucrados. El fortalecimiento de las auditorías y la auditoría de recursos públicos resulta vital para asegurar una administración transparente, prevenir malos manejos y mantener la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y públicas del país.
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