Alcaldía de Iztapalapa impugna orden judicial para retirar basurero clandestino

La autoridad busca revertir una sentencia que ordena limpiar y regularizar un tiradero en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, en medio de disputa legal y evidencias de basura en la zona. En Iztapalapa, una disputa legal mantiene en conflicto a residentes y autoridades por un basurero clandestino. La comunidad de la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec ha denunciado la presencia constante de acumulación de residuos en sus calles, lo que ha generado preocupaciones sanitarias y de seguridad. Hace unos meses, un juez ordenó a la alcaldía retirar los desechos y establecer un programa formal de recolección, pero la autoridad local ha interpuesto un recurso de revisión, cuestionando la legitimidad de las demandas y la existencia del tiradero. La alcaldía sostiene que las demandantes no acreditaron plenamente su condición de habitantes del sector, alegando que no presentaron pruebas oficiales de residencia. Sin embargo, los representantes legales de las vecinas aseguran que contaron con documentos que acreditan su domicilio, y que existen evidencias fotográficas y registros oficiales que respaldan la existencia del basurero ilegal en el lugar. La diferencia en las versiones refleja la complejidad del problema, que combina aspectos jurídicos, de gestión ambiental y de participación ciudadana. El sitio en cuestión no está operado por personal oficial de limpieza, según la autoridad, aunque en inspecciones independientes se ha observado personal con uniformes similares a los del servicio urbano manipulando residuos en la zona. La alcaldía atribuye la acumulación a vecinos que arrojan basura y a camionetas particulares que recolectan desechos sin autorización, fomentando un entorno insalubre y dificultando las labores de limpieza. Para combatir estas actividades, se han implementado sanciones y coordinación con las secretarías de medio ambiente y seguridad, que han remitido a varias personas por tirar basura en la vía pública. El empresario legal qu