Los jueces de inmigración en Estados Unidos podrían recibir la autoridad para imponer multas de entre $1,000 y $3,500 a inmigrantes, abogados o testigos que ignoren las órdenes del tribunal, según una propuesta presentada por el Departamento de Justicia.
Datos clave
- ¿Quién? Departamento de Justicia de EE. UU.
- ¿Qué? Propuesta para multar a jueces de inmigración hasta $3,500.
- ¿Dónde? Corte de inmigración de EE. UU.
- ¿Cuándo? Propuesta abierta a comentarios públicos por 60 días.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO) ha elaborado esta normativa que, de ser adoptada, marcaría la primera vez que los jueces pueden sancionar económicamente a personas por desacato a las órdenes del tribunal. Sin embargo, esta nueva disposición excluye a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de estas sanciones, lo que ha suscitado críticas de expertos y organizaciones legales.
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), ha calificado la propuesta como "totalmente sesgada", argumentando que representa un nuevo esfuerzo por atacar a los abogados de inmigración y se alinea con las tácticas intimidatorias del gobierno actual. Esta crítica resalta las tensiones existentes en el sistema judicial de inmigración de EE. UU., que a menudo se enfrenta a cuestionamientos sobre su imparcialidad debido a su estructuración bajo el Ejecutivo.
¿Qué implicaciones tiene esta normativa?
Si se implementa, esta norma podría tener un impacto significativo en cómo se llevan a cabo las audiencias de inmigración. Los jueces podrán utilizar las multas como un medio para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, lo que plantea preocupaciones sobre el efecto que estas sanciones pueden tener en el acceso a la justicia para los inmigrantes.
¿Por qué genera controversia?
La propuesta ha sido interpretada como una continuación de la política de imponer cargas económicas a los inmigrantes. Más de 100,000 personas han recibido comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reclamando pagos de $998 diarios por cada día de estancia en EE. UU. tras una orden de salida de un juez de inmigración. Esto ha generado un clima de miedo y desconfianza entre las comunidades afectadas.
El plazo para recibir comentarios sobre esta propuesta es de 60 días. Esto significa que las organizaciones y ciudadanos tienen una ventana para expresar sus opiniones antes de que el Departamento de Justicia tome una decisión final sobre la implementación de estas multas.
Con información de univision.com